Olivos Vip: “no se propagó el coronavirus”, la nueva estrategia judicial
Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, confirmó que presentará un escrito con ese argumento en la Justicia. En paralelo pedirá la inconstitucionalidad del DNU que impuso la cuarentena estricta.
Stefanía Domínguez, una de las invitadas al cumpleaños VIP de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta en julio de 2020, diagrama la estrategia de su defensa mientras voces en off en el gobierno la señalan como la responsable de haber filtrado las imágenes de la celebración.
Según pudo saber TN.com.ar, Mauricio D’Alessandro, abogado de la amiga de la Primera Dama, realizará un descargo en el que afirmará que se trató de una reunión íntima en la que no se propagó el virus ni se registraron contagios de coronavirus, por lo tanto no se afectó el orden público, según establece el artículo 205 del Código Penal. Este mismo afirma que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Esta estrategia se desarrollará en paralelo a la de solicitar la inconstitucionalidad del DNU presidencial que estableció el aislamiento obligatorio. “Cualquier limitación de la libertad de reunión debe pasar por el Congreso”, señaló D’Alessandro. El descargo ante la Justicia se realizará la próxima semana una vez que la defensa de Domínguez lea las fojas del expediente.
El caso es llevado adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González, que ya pidió una serie de medidas de prueba, entre estas saber si los invitados tenían permiso de circulación durante la cuarentena estricta. Independientemente de esto no existía un permiso que habilitara las reuniones sociales.
“Para decir que no se puede salir de la casa no alcanza con un decreto. El artículo 23 de la Constitución dice que es necesario decretar el estado de sitio a través del Congreso de la Nación para limitar el derecho a la reunión. Es algo técnico y legal. Se necesita una ley”, dijo D’Alessandro.
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Mientras tanto la causa no se detiene y los investigadores esperan que la Casa Militar entregue la documentación que le fue solicitada. Hasta el momento no hay imputados, más allá de que hay 10 personas en la mira, entre estas, Carolina Marafioti, Sofia Pacchi (asesora de Yañez); Emmanuel López; Fernando Consagra, etc.
Cambió su celular
La defensa de Domínguez asegura que “hay más de 20 fotos de la fiesta” pero que la joven no fue quien filtró las imágenes. Las imágenes que restan serían del mismo tenor que las ya difundidas: 12 personas en un festejo íntimo sin distancia social ni barbijos.
La joven posee algunas de esas imágenes, aunque en otro celular distinto al que tenía esa noche del 14 de julio de 2020. Las fotos que posee la joven son diferentes a las que se dieron a conocer, lo que para la defensa demuestra que no fue Stefanía quien las filtró.
El Gobierno ocultó los ingresos en 2020
En 2020,TN.com.ary Verdad/Consecuencia realizaron un pedido de acceso a la información pública para conocer el listado total de personas físicas que ingresaron a la Quinta de Olivos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 1 de agosto del año pasado, es decir, los meses de restricciones más fuertes en pleno avance del coronavirus. Fue entonces que la Secretaría General de la Nación se negó a entregar información vinculada a “las visitas de orden personal, que no hubieran tenido como objeto mantener un encuentro oficial”.
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El Gobierno solo le proveyó a este medio los nombres y apellidos de todas las personas que ingresaron a Olivos en el marco de un encuentro oficial. Fue así cómo en la planilla del 14 de julio de 2020, no figura ninguno de los invitados al cumpleaños VIP de Fabiola Yañez. Directamente se quitó el apartado respecto a visitas “privadas”. Allí deberían figurar los nombres de todos los invitados al brindis de la Primera Dama, entre estos Sofía Pacchi, Emanuel López y Stefanía Domínguez.
Esta negativa adquiere ahora otro valor ya que la Fundación Apolo denunció a Alberto Fernández por el supuesto delito de “falsedad ideológica de instrumento público” al detectar diferencias entre las planillas de ingreso que ese organismo obtuvo de las que recibió el periodista Gonzalo Ziver, que reveló el caso. Los documentos que la Casa Rosada le envió a TN.com.ar también son diferentes a los que desataron la polémica. La ampliación quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
