Para el nuevo interventor, “no hubo una mala intención” de Vicentin en el concurso
En su primer contacto con la prensa, Andrés Shocron prefiere darle crédito a la empresa. Recaló recomendado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial en la causa judicial.
Andrés Shocron, designado interventor judicial en Vicentin, apuesta a no correr la misma suerte que Luciano Zarich, el funcionario nacional que durante algunas jornadas de junio fungió como responsable de la agroexportadora. Por ello, en su primer contacto con la prensa prefiere no tirar dardos contra la empresa y decir que si hubo falta de colaboración con la Justicia no fue por mala intención sino por el esfuerzo que supone enfrentar una convocatoria de acreedores. “Estás en un proceso donde estás verificando créditos. Tenés que armar todos los legajos y eso lleva demasiado tiempo”, afirma Shocron en diálogo con este medio.
Las palabras del interventor -un ex ejecutivo de Terminal 6, que desde 2018 se desempeñaba como consultor independiente- cobran importancia en función de cuál fue el principal argumento del juez Fabián Lorenzini para definir su sorpresiva medida: la omisión “recurrente y sistemática” de facilitar información por parte de la empresa. “No creo que sea mala intención”, dice Shocron, que también tira una línea para el resto de los actores implicados en el proceso: “Es necesaria la elaboración de un plan de negocios en el que participen el conjunto de los acreedores”.
Contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, el profesional había llegado a Vicentin en agosto, luego de ser propuesto por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -principal acreedor del concurso- como veedor, en el marco de un proceso de control creciente por parte de Lorenzini sobre la marcha de la firma, que incluyó también la autorización de una auditoría forense.
Se tiene fe, pero…
Medido en sus palabras y con un currículum que le reporta buenos antecedentes para su nueva función, remarca que existe “buena voluntad de todas las partes” para encontrar una salida a la crisis. Sin embargo, las últimas novedades conocidas en torno al caso parecen indicar que justamente allí estará su primer gran escollo. Por un lado, no parece haber “voluntad” del Estado provincial en participar de esta nueva etapa. Por otro, tampoco parecería ser “buena” la actitud del resto de las partes.
“Mañana tendremos una reunión en Santa Fe para definir las argumentaciones del escrito que eventualmente presentaremos, pero la decisión será la de no consentir. No vamos a aprobar la decisión de participar en la intervención”, ratificó este martes el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, ratificando aquello que había adelantado este medio el pasado viernes, cuando dijo que la resolución judicial “no causó buena impresión” en la Casa Gris.
En su fallo, Lorenzini le había asignado un papel preponderante al gobierno provincial: había dicho que su aporte para la solución del conflicto era “absolutamente irremplazable”. También había hablado del rol del Estado como “articulador virtuoso de medidas para evitar el agravamiento de situaciones complejas”.
Daría la sensación que, a menos de una semana, la salomónica propuesta del magistrado encuentra más trabas que facilidades para avanzar. Es que en paralelo con la desavenencia del gobierno santafesino la concursada se acerca a una crisis terminal, por los severos problemas que enfrenta Díaz & Forti, la firma que se venía desempeñando como su respirador artificial (a través de contratos de fasón, le opera sus principales plantas y le asegura el capital para pagar sueldos y demás costos fijos).
La empresa fue quitada nuevamente del Registro Único de Operadores de Granos (Ruca), por lo que quedó imposibilitada de comprar, vender, recibir y despachar cereales. La medida no fue “por un problema con una coma” (como denunció hace dos semanas el CEO de Grupo Olio -el holding dueño de Díaz & Forti-, cuando se produjo una primera suspensión en el Ruca), sino porque el Banco Central informó que la empresa tenía 450 millones de dólares sin liquidar.
Consultado sobre la situación de Díaz & Forti, Shocron se limita a decir que “por ahora, el contrato se sigue cumpliendo”. De todas formas, reconoce que la debilidad de Vicentin es extrema: “Hoy la empresa no tiene capital de trabajo para hacer crushing. Lo único que puede hacer es vender servicios”, indica, para luego completar diciendo que “todo lo que sume estará bien para poder sacar a flote a la empresa”.
