Preventiva para gestor “trucho” por estafas a una inmobiliaria
La maniobra fue advertida por la firma Benuzzi, que radicó la denuncia la semana pasada, pero no se descarta que la misma operatoria se repita en otras empresas del rubro.
La jueza en lo penal Sandra Valenti ordenó la prisión preventiva para un hombre de 65 años, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a la confección de garantías truchas para presentar en operaciones inmobiliarias. La medida fue solicitada por las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, quienes imputaron a Carlos Eduardo Suárez por los delitos de asociación ilícita, amenazas coactivas, estafas, falsificación y uso de documentos públicos y privados.
La audiencia tuvo lugar este martes en el subsuelo de tribunales y contó con la participación del abogado particular Iván Leguiza, quien se opuso a la medida restrictiva de la libertad para su cliente argumentando que no existían riesgos procesales. El letrado sostuvo también, que su pupilo padece una enfermedad y que debía cuidar a su mamá anciana, por lo que solicitó alternativas a la prisión y en su defecto, que se le indique la domiciliaria. Pero como no acreditó las dolencias que lo aquejan, el argumento no fue valorado por la jueza.
Inmobiliaria afectada
El caso saltó a la luz la semana pasada, con la denuncia radicada en sede fiscal por la firma Benuzzi Inmobiliaria. El 8 de septiembre los abogados Hernán Guala e Ignacio Alfonso Garrone, en representación de la empresa, “dieron cuenta que en reiterados contratos de alquiler aparecen garantías repetidas” y que tras cartón “notaron adulteraciones de los servicios presentados por los garantes”, indicó la fiscal Urquiza.
“Hacían un collage con recibos de sueldos y boletas de servicios de electricidad, gas y cable e Internet falsos”, indicó la funcionaria, que junto con su par Jiménez montaron un operativo controlado, dado que el viernes 11 de septiembre las mismas personas que ya habían sido identificadas debían suscribir un contrato como garantes en la inmobiliaria.
El jefe
Entonces “se armó el operativo y cuando fuimos a buscarlos el personal de Inteligencia se dio cuenta que había un hombre que comandaba a un grupo de mujeres que eran las que estaban citadas para firmar”.
Así fue que lo detuvieron en General López, frente a los tribunales, donde está la casa central de la inmobiliaria. Y al requisar el auto en el que andaba, “la policía se encontró con carpetas donde figuraban los nombres de todos los garantes y sus respectivos inquilinos; y la documentación original, en proceso de falsificación y falsificada, toda la fábrica arriba del auto”, destacó la Dra. Urquiza.
De allí surge el hallazgo de 529 pagarés en blanco y firmados por quienes contrataban el servicio, al menos desde 2015 a la fecha. De la misma documentación surge que la tarifa estipulada era de $ 6.000 por la firma de cada garante, con lo cual en algunos casos “llegaron a pagar 35 mil pesos” para conseguir los avales.
Además, la fiscal explicó que los pagarés firmados en blanco eran respaldatorios de “un convenio informal, ante el problema que se podía generar en caso de no pago” de alquileres u otra eventualidad.
Diez en libertad
Si bien Suárez es hasta el momento el único detenido, la fiscalía de Complejos identificó a una decena de personas, entre las que cuentan las cuatro mujeres que fueron demoradas el viernes pasado frente a la inmobiliaria Benuzzi. En cuanto a ese grupo, podrían ser imputados más adelante, en libertad, por los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembros- y por estafas reiteradas.
Entre los argumentos que utilizó la fiscalía para contrarrestar el pedido de libertad para Suárez, fue que al momento de su detención el hombre brindó información falsa de su domicilio y se constató que no contaba con un lugar de trabajo fijo, sino que alquilaba oficinas por hora, las denominadas “oficinas móviles”, donde se presentaba como gestor y allí convocaba a su clientela.
Delitos
Las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza imputaron a Suárez el domingo, ante el juez Sergio Carraro, de la probable autoría del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; amenazas coactivas; y la coautoría de estafa y tentativa de estafa, en concurso ideal con falsificación y uso de documentos públicos y privados.
Víctimas
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, “la maniobra defraudatoria es en perjuicio de la inmobiliaria y de los propietarios de los bienes”. Y “si bien la denuncia fue realizada por una sola inmobiliaria, entendemos que hay otras empresas del rubro que también fueron víctimas de esta asociación ilícita”, dijeron las fiscales Jiménez y Urquiza.
