Proyecto para asistir económicamente a jardines maternales y de infantes
El objetivo es destinar un fondo de 180 millones de pesos para evitar el cierre masivo de establecimientos. Destacan el rol de la educación inicial que se paralizó en marzo en el inicio de las medidas de aislamiento.
El Frente Progresista, mayoría en la Cámara de Diputados, dio todos los pasos para votar esta tarde un proyecto de ley para asistir económicamente a jardines maternales y de infantes -privados- paralizados desde marzo cuando el gobierno nacional dispuso las medidas de Aislamiento debido a la pandemia de Covid 19. El objetivo es disponer de una partida de 180 millones de pesos para distribuir entre los 450 establecimientos diseminados en todo el territorio. En la ciudad de Santa Fe son 89 los jardines relevados. Como contraprestación, se propone crear un sistema de becas y medias becas para que niños puedan asistir a estos lugares en próximos ciclos lectivos. Sobre este punto, la bancada justicialista propuso una serie de apuntes para garantizar quienes serían los beneficiarios y sumar su apoyo al proyecto.
Voceros de la bancada justicialista recordaron que mantuvieron varias reuniones con responsables de jardines en distintos lugares de la provincia donde escucharon planteos y necesidades para evitar cierres definitivos.
El proyecto fue ingresado a fines de julio por el socialista Joaquín Blanco, obtuvo dictamen de la Comisión de Educación y en la fecha espera el aval de otras dos comisiones para llegar al recinto. El tema figura entre los 32 proyectos de ley que tienen preferencia para esta semana. Ayer por la mañana, el autor y el ex concejal local Leonardo Simoniello se reunieron con un grupo de docentes del sector que se habían concentrado en la puerta de la Legislatura y le anticiparon la decisión de avanzar en la sesión. Ambos dirigentes además justificaron ante los medios de prensa la necesidad de darle una ayuda a un sector que es básico en el inicio de la formación de los educandos.
“Es una ley de rescate al sector, muy golpeado y postergado en materia de asistencia económica. Los han dejado solos. El estado provincial los trata como si fueran comercio cuando cumplen un rol social” coincidieron Blanco y Simoniello. “No podrán volver a la actividad en el resto del año y tienen que tener asistencia económica para subsistir” acotó el socialista. “Es un sistema irremplazable por el Estado” aclaró Simoniello.
El dictamen prevé una asistencia económica de entre 200 y 800 mil pesos, cifra que se determinaría en función de la cantidad de personas que trabajan en cada establecimiento y prevé el pago en cuotas a abonar hasta febrero con el compromiso de destinar el recurso al sostenimiento de la actividad.
También el proyecto dispone la eximición de la obligación de pago mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un año, a los jardines; exceptúa a los inmuebles afectados a la actividad del pago del Impuesto Inmobiliario por el término de un año y suspende la aplicación de los intereses del artículo 104 del Código Fiscal a las obligaciones vencidas a partir de marzo hasta la fecha de vigencia de la ley. Por otra parte, el proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación.
“Nuestro sistema educativo establece el inicio de la educación formal, universal y gratuita, desde Ios 4 años: conocido como Nivel Inicial hasta los 6 años, además, se brindan servicios de cuidado a niños y niñas desde los 45 días de su nacimiento hasta los 3 años inclusive, prestados en instituciones. Estos servicios, no integran el sistema educativo formal, pero forman parte de una unidad pedagógica (según ley 26.206), en la que el Estado tiene responsabilidad e incumbencia, más allá que quien brinde ese servicio sea pública o privada, social o comunitaria -con o sin fines de lucro-, conocidos como guarderías, centros de cuidado o jardines maternales y de infantes” explicó Blanco. Simoniello exigió que el gobierno provincial apoye al sector que es clave para el funcionamiento de familias “y evitar que vuelvan a funcionar en garages” como ocurría en años anteriores.
BRONCA
El diputado justicialista Ricardo Olivera se mostró molesto con la decisión del Frente Progresista de excluir del temario de este jueves a los dos mensajes del Poder Ejecutivo que autorizan a tomar créditos externos. Son mensajes mandatos por la gestión de Miguel Lifschitz y que Omar Perotti pretende utilizar. “Los proyectos tienen preferencia, que digan que no lo quieren votar, pero no pueden sacarlo del temario” se quejó el oficialista
Los diputados que integran la comisión de Seguridad de la Cámara que preside Juan Cruz Cándido (UCR) expresaron su preocupación frente a la situación generada a partir del anuncio del pedido de licencia del Jefe de Policía, Víctor José Sarnaglia. La declaración fue respaldada por todos los bloques que integran la Comisión.
El texto expresa “la preocupación por la crítica situación institucional que atraviesa el Ministerio de Seguridad, a partir del pedido de licencia del Jefe de Policía, Víctor José Sarnaglia, y su futura presentación citado por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 Rosario del Ministerio Público de la Acusación”.
El motivo que llevó a Sarnaglia a tomar la decisión de pedir licencia y ponerse a disposición de la Justicia es que aparece el sobrenombre “Sarna” en una lista de personas que recibirían dinero de coimas para sostener el funcionamiento de salas de juego clandestinas, causa por la cual fueron detenidos el fiscal regional de Rosario y un fiscal de esa dependencia.
La comisión de Seguridad sostiene que “en un contexto signado por la excepcionalidad de la pandemia COVID-19, en la que la Policía de Santa Fe ha jugado un papel fundamental a partir de un esfuerzo en materia de su despliegue operativo para la realización controles vinculados a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, es deber del gobernador Omar Perotti llevar claridad y tranquilidad a los miembros de la fuerza y la ciudadanía en general en torno a lo sucesivo en el funcionamiento y organización de la seguridad pública”.
Acotan que “los hechos que han tomado estado público a través de la prensa nacional y provincial sobre la actitud que ha tomado Sarnaglia, designado en diciembre pasado al momento de asumir la actual gestión, a partir de las actuaciones en una causa judicial impulsada por la Agencia antes mencionada por la que hoy se encuentran en prisión preventiva un Fiscal y el ex Fiscal Regional de Rosario, repercuten de manera negativa en las expectativas de la sociedad respecto de los propuesto por el gobierno a la hora de asumir la conducción de la Policía y la gestión de la seguridad pública provincial”.
Ante la presentación judicial que debe realizar el documento señala que “esta situación, a nuestro entender, genera incertidumbre respecto de la confianza que pueda haber en miras de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, y por eso instamos al Gobernador, en uso de sus atribuciones, a resolverla de la manera lo más pronto posible”.
