Empresario descuartizado
Quiénes son los dos prófugos que tienen pedido de captura nacional e internacional por el crimen de Pérez Algaba
El fiscal Marcelo Domínguez investiga el crimen del empresario descuartizado en Ingeniero Budge. Este martes se indagarán a los cuatro detenidos.
El fiscal que investiga el homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario de 41 años hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en julio pasado, solicitó este martes la captura nacional e internacional de los dos prófugos que admitieron haber estado con la víctima el día que desapareció, mientras que este mediodía indagará a los cuatro detenidos por el crimen, informaron fuentes judiciales.
El pedido de captura nacional e internacional fue solicitado por el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, para Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, las dos últimas personas con las que Pérez Algaba tuvo contacto el 18 de julio último en el predio "Renacer" de General Rodríguez.
Fuentes judiciales confirmaron que el arresto de los dos sospechosos fue dispuesto por el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, aunque cuando la policía fue a buscarlos a sus domicilios ya no los encontró.
En tanto, en los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en distintos domicilios del conurbano bonaerense y la Capital Federal fueron apresados Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y Flavia Lorena Bomrad, quienes serán indagados este mediodía por el fiscal Domínguez.
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Los cuatro hombres están imputados por homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de "Lechuga".
Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.
Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario fue una deuda por u$s50.000 y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, "Lechuga" reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
En el mismo escrito -al que tuvo acceso Télam-, el representante del Ministerio Público consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía "una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos", e incluso hace mención a un antecedente en el que el ahora acusado "le había efectuado disparos de arma de fuego" hacia la víctima, aunque sin herirlo, en el mismo campo de General Rodríguez.
En un primer tramo de su acusación, el fiscal sostiene el agravante de un homicidio por "codicia" al entender "que existía una acreencia de la víctima para con Maximiliano Pilepich" y que el crimen ocurrió "luego de suscribir un documento de reconocimiento de deuda en una escribanía".
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Durante los operativos de ayer, los efectivos de la Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora incautaron armas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si fueron utilizados en el crimen del empresario.
"Los teléfonos de todos los implicados impactan en el predio 'Renacer' de General Rodríguez y se van moviendo desde las 18 del 18 de julio hasta las 3 de la madrugada del día siguiente hasta Ingeniero Budge, donde fueron hallados los restos de Pérez Algaba", confió un investigador al referirse a los elementos que hay contra los acusados.
Además de los prófugos, la policía busca la camioneta Mercedes Benz G500 de Pilepich, con que la se dirigió al predio "Renacer" y que tiene pedido de secuestro por parte de la fiscalía ante la sospecha de que pudo ser empleada para trasladar los restos de Pérez Algaba hasta el arroyo de Ingeniero Budge.