“Quieren impedir que instalemos Base Científica de la @UNRoficial en el Humedal”
“Sería importante que controlen y prohíban el acceso a los que incendian nuestras islas, no a los que vamos a hacer investigación”, se indignó Franco Bartolacci. Se refirió así a un oficio que llegó a la Universidad desde Prefectura, remarcando la vigencia de un decreto de Victoria que impide cruzar.
“Quieren impedir que instalemos Base Científica de la @UNRoficial en el Humedal (en terrenos de la Municipalidad de Rosario). Sería importante que controlen y prohíban el acceso a los que incendian nuestras islas, no a los que vamos a hacer investigación para defenderlas”, bramó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. A través de la red social Twitter publicó el texto que le hizo llegar la Prefectura Naval este viernes al que consideró “insólito”, pero también replicó similar denuncia en Facebook, donde además lo repudió como “inadmisible”. En concreto, el oficio de la fuerza naval alude, según describió “al decreto de Victoria que establece prohibición para circular”. Y el máximo directivo de la UNR lo repudió como ya lo hicieron otros sectores ya que la notificación llegó dirigida y exactamente una semana después de la firma del convenio entre la UNR y la Municipalidad de Rosario para la instalación de un centro experimental, de producción científica y educación ambiental en la zona de islas que son propiedad de la ciudad, pertenecientes al llamado legado Deliot en las que formalmente se estableció la Reserva Tres Cerros.
El pasado 4 de septiembre la Municipalidad de Victoria emitió decreto 920, en el que estableció: “Quedarán absolutamente prohibidas las actividades recreativas, acampe, navegación deportiva o recreativa, pesca deportiva embarcada o desde costa, apertura de paradores, y todas aquellas que impliquen circulación en islas, riachos o lagunas”. Por entonces, la Multisectorial por los Humedales, cuyos voluntarios habían estado apenas días antes enfrentando lenguas de fuego en la Boca de la Milonga, expresó su total rechazo, ya que impedía directamente la colaboración con los isleños, tanto en apagar los fuegos como en llevar donaciones a quienes habían perdido sus medios de vida producto del fuego y, en algunos casos, incluso sus hogares, que se quemaron por completo.
Por entonces denunciaron que el decreto del municipio entrerriano con jurisdicción en las islas, más que atender la emergencia ambiental –el propósito escrito– y la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus lo que hacía era facilitar tanto nuevas quemas como trabajos de movimiento de suelos, ambas cosas explícitamente impedidas por una cautelar de la Justicia federal desde el 1º de julio, dos meses antes.
La sospecha quedó evidenciada en la práctica cuando se detectaron los trabajos de desmonte que estaba haciendo con una minipala mecánica un ocupante en tierras fiscales con domicilio en Granadero Baigorria (el 12 de septiembre) y la obra que –a mucha mayor escala– estaba ejecutando una excavadora de gran porte: un terraplén de 4,5 kilómetros hacia el riacho Paranacito, en tierras que ocupa el empresario Enzo Mariani y que están en litigio con la Municipalidad de Rosario.
Si bien en ambos casos los trabajos fueron interrumpidos desde áreas de control entrerrianas –y el juez federal Daniel Alonso, de Paraná, ratificó la vigencia de la cautelar que impide alterar el suelo, lo cierto es que no había una explicación razonable de cómo se impide el cruce a navegantes –y a voluntarios, ya que el decreto 920 sólo habilita a brigadistas capacitados– nadie había registrado la llegada de maquinaria al Humedal antes de que se pusiera en funcionamiento.
Ahora el mismo instrumento legislativo de Victoria impacta con el centro de investigación de la UNR. El proyecto, que se anunció con la participación de unos 60 investigadores de diferentes disciplinas, se propone generar conocimiento científico sobre la diversidad biológica del Humedal, los impactos sobre ese frágil ambiente que producen las actividades humanas y las estrategias de preservación de una región reconocida por sus servicios ecológicos, como la amortiguación de crecidas y bajantes o de extremos climáticos.
La iniciativa se anunció el pasado 2 de octubre, con la firma del convenio que firmaron Bartolacci, precisamente, y el intendente Pablo Javkin. “Pusimos en marcha con el municipio una amplia agenda de trabajo para la protección del ambiente en general, del cuidado y la defensa de nuestros humedales en particular. El planeta da señales dramáticas de agotamiento todos los días, producto del destrato y la explotación, de la depredación sistemática a la que sometemos a la tierra”, había resumido el pasado viernes el rector.
Y allí adelantó que a partir de esta semana estaría en las islas “un equipo de investigadores involucrados en proyectos ambientales”, que iban a ocupar oficinas y un módulo sanitario, también presentado hace una semana.
Ahora la iniciativa deberá esperar –el decreto 920 caduca el próximo jueves 15, pero es probable que las autoridades de Victoria lo extiendan– a menos que se articule una presión política para que se modifique, dadas las circunstancias de la emergencia ambiental.
De hecho, parte de las acciones proyectadas son estudios sobre el suelo, la flora y fauna de las islas, el agua y la calidad de aire. También el diseño y montaje de un sistema de alerta temprana sobre focos de incendio, y de estrategias de preservación y cuidado del ambiente, junto a un proyecto de educación ambiental. Se preveía que el sería no sólo de investigadores, sino también de estudiantes y graduados de diferentes carreras, que ayer también expresaron en distintas redes sociales su disconformidad con la comunicación.
De hecho el tuit del rector Bartolacci había comenzado a replicarse de inmediato y habían llegado las respuestas con muestras de apoyo, entre ellas las de la concejala Norma López; del ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, y de usuarios que se iban sumando a la cadena.
