Indignante
Río Negro: un condenado por femicidio contacta a jóvenes desde la cárcel por WhatsApp
la víctima relató que, el mismo día que Parra le envió la solicitud, también recibió una transferencia de dinero a través de Mercado Pago a nombre del femicida.
Pablo Parra, quien fue sentenciado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Fernández, una estudiante de Medicina asesinada en Cipolletti en julio de 2022, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. A poco más de un mes de haber recibido su condena, una joven denunció que Parra la contactó desde la cárcel a través de redes sociales.
La revelación salió a la luz cuando la madre de Agustina Fernández compartió en redes sociales un mensaje de la joven que narraba haber recibido una solicitud de amistad de Parra. "Hace unos días, me llegó una solicitud de amistad de él. Por supuesto, lo bloqueé, qué horror. Te envío un abrazo fuerte por tu princesa", escribió la joven en su mensaje.
El asunto se volvió aún más perturbador cuando la joven relató que, el mismo día que Parra le envió la solicitud, también recibió una transferencia de dinero a través de Mercado Pago a nombre del femicida. La joven había lanzado una campaña en sus redes sociales para recaudar fondos destinados a una operación para su gato. Tras descubrir que quien la había contactado era el hombre condenado por el asesinato de Agustina Fernández, la joven expresó su temor y se preguntó: "¿Cómo es posible que alguien condenado por un crimen tan atroz pueda acceder a las redes y enviar solicitudes de amistad a mujeres, como si nada?"
Cabe recordar que en enero de 2019, la provincia de Río Negro implementó un protocolo para restringir el uso de teléfonos celulares en las cárceles. Este protocolo, desarrollado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, regula la posesión y el uso de dispositivos móviles en las prisiones, estableciendo controles específicos sobre los aparatos permitidos.
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De acuerdo con esta normativa, los teléfonos no pueden tener acceso a Internet, redes sociales ni cámaras digitales, y su uso está limitado a dos horas diarias, bajo estricta supervisión del personal penitenciario y en horarios específicos, con el objetivo de controlar las comunicaciones de los reclusos de manera más efectiva.
