Rosario: comisario quedó en prisión preventiva por abuso sexual de una cadete en el ISEP
Álvaro Rosales fue imputado a casi dos años del episodio y quedó bajo prisión preventiva por 90 días, acusado de abusar de una cadete de policía en el Isep de Rosario
En una de las últimas audiencias imputativas del año, un comisario quedó bajo prisión preventiva por abuso sexual de una cadete de policía. La víctima denunció que fue agredida en el Instituto de Seguridad Pública (Isep), aunque el sospechoso actualmente prestaba servicios en la Unidad Regional V, fuera del departamento Rosario.
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Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisaron que Álvaro Rosales trabajó en la escuela del barrio República de la Sexta como jefe de una de las compañías femeninas. Dado ese rol, el fiscal José Luis Caterina le atribuyó un delito agravado por haber sido cometido mientras estaba en funciones dentro de las fuerzas provinciales.
El caso tomó estado público este sábado, cuando la jueza Verónica Lamas González ordenó que el uniformado continúe bajo arresto durante 90 días. La magistrada avaló la calificación legal de abuso sexual mediando abuso coactivo e intimidatorio de una relación de autoridad o poder.
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Según la denuncia, la cadete fue agredida el jueves 4 de marzo de 2021 dentro de las instalaciones del Isep. Dentro de su declaración, precisó que el comisario la abordó en la oficina “Detal”.
Transcurrido más de un año y medio desde aquel día, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA pidió la captura de Rosales el último jueves. Hasta ahora trabajaba en Villa Constitución, dentro de la Unidad Regional VI.
UN AUTO AJENO EN UN ALLANAMIENTO POR ABUSO SEXUAL
Al margen de la investigación sobre abuso sexual, la Agencia de Control Policial (ACP) se encontró con una sorpresa cuando fue a detener al comisario imputado este sábado. En su casa encontraron un Mercedes-Benz C250 que había sido secuestrado para su decomiso en el marco de otra causa.
Después de un allanamiento anterior por delitos atribuidos a integrantes de una corredora de granos, el vehículo había pasado a manos de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Sin embargo, la Justicia lo encontró en poder del uniformado, que también tenía una ametralladora guardada en su domicilio.
