En un gráfico expuesto este martes por la fiscal regional María Eugenia Iribarren en Rosario, se compara la criminalidad compleja y altamente lesiva, en la que se observa el grave ascenso de homicidios en el Departamento Rosario en los últimos ocho años, y en contraposición, se puede ver un sostenido descenso de muertes en la criminalidad del Departamento La Capital.

Por Hagar Blau Makaroff

En la exposición de su informe de gestión en la UCA Rosario, la fiscal Iribarren destacó el récord histórico de 287 homicidios en el Departamento Rosario en 2022. Un 70,7 por ciento del total de los homicidios en la bota santafesina, en un contraste abismal con el Departamento La Capital, que tuvo récord histórico de menor porcentaje desde 2014, con 16,3 por ciento.

 

“Se podrá ver en el grafico que Rosario tiene el porcentaje más alto en Rosario (70,7%) y el más bajo en Santa Fe (16,3%). Esto nos tiene que llevar a todos a pensar en conjunto qué falló y en qué debemos trabajar para abordarlo de mejor manera”, apuntó la jefa de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Regional 2.

 

También observó un récord en el incremento de la tasa de heridos de arma de fuego: en Rosario fueron 868, más del doble que en La Capital, que tuvo 402. Aunque considerando su densidad poblacional, en este análisis ambos distritos se emparejan, ya que se trata de 66,56 la tasa cada 100 mil habitantes, y ese número es similar al santafesino, con un 67,84 por ciento.

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Con un presupuesto de 5.250.000 de pesos, la Fiscalía abarcó un total de 147.483 legajos el año pasado, lo cual implica que entre los 78 fiscales en función, cada cual se ocupó de unos 1.850 legajos, lo que conlleva una baja de resolución de casos.

 

La fiscal regional destacó la precariedad de recursos, ya que se trabaja con once fiscales menos que en 2020, y remarcó que el MPA rosarino requiere de partidas presupuestarias así como de mayores recursos humanos, algo que depende de la decisión de la Legislatura. Aseguró que aun con recursos humanos ajustados, “se asignaron fiscales en las unidades especiales de homicidios, en la Agencia de Criminalidad Organizada, equipo de Balaceras, en Género, delitos económicos, y delitos culposos, priorizando la persecución penal en áreas claves”.

 

Iribarren recordó que asumió en abril de 2020 de forma interina en medio de una grave crisis institucional para la Fiscalía de Rosario, tras el apartamiento del entonces fiscal regional Patricio Serjal. Y aunque comandó la gestión desde entonces, su designación oficial por concurso llegó recién en abril de este año. Ahora, continuará en el cargo hasta 2029. La Fiscalía a su cargo abarca los distritos Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda, San Lorenzo y Rosario, más del 50 por ciento de la población de la provincia.

 

Máxima en homicidios y el problema del crimen organizado

A la fiscal regional del departamento más grande no le tembló la voz en afirmar que “fue el año con mayor número de homicidios dolosos, como también de personas heridas por armas de fuego: se registraron 287 homicidios en el Departamento Rosario, la cifra más alta, con una tasa de más de 22 víctimas cada 100 mil habitantes”.

 

Nueve de cada diez homicidios fueron con armas de fuego, lo que continúa en ascenso respecto al año anterior. La mayoría de los homicidios – un 72 por ciento – fueron en contexto de organizaciones criminales, lo que también requiere investigaciones más complejas. Las muertes en contexto de robo no llegan a un 5 por ciento (4,9), mientras que los motivados en conflictos interpersonales representan un 10 por ciento (9,8).

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Iribarren aseguró entonces que al ser la gran mayoría de los homicidios vinculados a las organizaciones ilegales impone otro tipo de abordaje, con investigaciones más complejas tanto por la mecánica como por la falta de involucramiento de testigos.

 

La jefa de los fiscales del MPA en el sur provincial aseveró que “la coexistencia de organizaciones criminales es uno de los principales factores que determina la cantidad de hechos de violencia lesiva, en disputas territoriales pero también por los conflictos internos entre las organizaciones. Y esto requiere mayores esfuerzos y desafíos para la investigación de este fenómeno que se va reconfigurando. El crimen organizado no se limita solo a los grupos violentos sobre el territorio sino además a sus vínculos con sectores económicos que permiten capitalizar las ganancias. Se profundizó en coordinar el trabajo de los fiscales para no perder de vista las conexiones en la criminalidad”.

 

Recordó como es ya conocido, que “los jefes de los estamentos más violentos de las organizaciones criminales en este Departamento son personas con condenas, que continúan gerenciando desde la cárcel los hechos, y esto tiene incidencia directa en que, aunque se esclarezcan los operativos, siguen activos administrando a distancia los homicidios”.

 

En torno a la persecución de asociaciones ilícitas, precisó que “al menos en siete hechos en 2022 fueron imputadas personas privadas de su libertad por encargar los homicidios desde allí. Se trabajó en equipos conjuntos con Procunar sobre los delitos de competencia federal y se crearon trece investigaciones conjuntas que avanzan en asociaciones ilícitas. En 2022 se crearon 28 legajos en estos delitos”.

 

En cuanto a la asignación de recursos, Iribarren aseveró que tanto la Agencia de Delitos Complejos como el área de Delitos Económicos, el equipo de Balaceras y las Unidades de Homicidios Dolosos, “tienen la mayor cantidad de asignación de personal”.

 

Sobre las víctimas en los homicidios, la fiscal regional destacó que si bien la mayoría son varones en el Departamento Rosario, se registraron 64 muertes de mujeres, “marcándose una presencia de ellas mucho más amplia que años anteriores, principalmente vinculados a economías ilegales y organizaciones delictivas, mientras que en Santa Fe fueron un 34 por ciento”, advirtió. Esto es un 22,3 por ciento de los homicidios, a diferencia de años anteriores: fueron un 9,4 en 2021, 10,3 en 2020, y porcentajes similares desde 2015.

 

Los barrios en rojo

En la ubicación territorial de los delitos, “fueron fundamentalmente por fuera de los cuadrantes comprendidos en el macrocentro entre Ovidio Lagos y avenida Pellegrini. Y los focos principales que se destacaron son barrio Las Flores sur, Cordon Ayacucho, Grandoli y Gutiérrez en el sur, Ludueña y Empalme Graneros en el noroeste y Godoy en el extremo oeste”.

 

La fiscal además destacó un aumento en la conflictividad en los barrios Ludueña y Empalme en amenazas con balaceras, extorsiones y homicidios. “Llegamos al diagnóstico de un aumento de una disputa territorial entre dos bandas antagónicas, en un conflicto que inicio en 2021 y estalló cuando se produjeron balaceras a las comisarias 12 y 24 en febrero de 2022. Los equipos de varias unidades del MPA avanzaron en más de 100 allanamientos y se imputó a 50 personas por asociaciones ilícitas, y los jefes imputados eran personas privadas de la libertad”.

 

Un trabajo con recursos acotados

En torno a la baja en número de fiscales, explicó que “se vio reducida debido a jubilaciones, ceses, sanciones disciplinarias, licencias de salud prolongadas. Al 31 de diciembre había 78 fiscales, y un año anterior eran 87. Solo se incorporaron dos nuevos fiscales adjuntos. Siguen habiendo 14 cargos vacantes en fiscales adjuntos y dos en titulares, que esperamos se resuelva”.

 

En este sentido dio a conocer la carga de legajos por fiscal: “Considerando la cantidad de legajos en 2022, hay cinco fiscales cada 100 mil habitantes, con 233 personas administrativas en todo el territorio, claramente un número insuficiente. Se suman 126 agentes externos, entre contratados y pasantes. La cifra es muy escasa considerando a Rosario una urbe de más de un millón de habitantes”.

 

A pesar de la escasez de recursos, aseguró que se llevaron adelante 2053 juicios abreviados, y 172 juicios orales, por lo que hubo muchísimas más condenas que permiten además descomprimir las cárceles con la prisión preventiva. El equipo de litigación compuesto por personal que colabora en sistematizar los juicios consiguió 160 condenas y 12 absoluciones. Del total de partidas, un 19 por ciento se destinó a pericias. La contratación de profesionales –abogados, psicólogos y contadores- y de pasantes académicos son según precisó, “una fuente importantísima para compensar la falta de recursos humanos y satisfacer la creciente demanda de los fiscales”.