Ruta del dinero K: el fiscal pidió una pena de 12 años de prisión para Lázaro Báez
Para Abel Córdoba, el extitular de Austral Construcciones y sus hijos son culpables de haber construido una “compleja ingeniería” para lavar 60 millones de dólares.
En la última audiencia de alegatos en el juicio por la Ruta del Dinero K, el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez y 9 años para su hijo Martín al encontrarlos culpables -junto a otros acusados- de las maniobras de lavado de dinero por casi 60 millones de dólares.
Además solicitó una multa de $2121 millones para el empresario dueño de Austral Construcciones, que se negó a presenciar la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por temor a contraer coronavirus.
El fiscal también pidió para el arrepentido Leonardo Fariña una condena total de 5 años de cárcel, luego de aplicarle una reducción de tres años por su colaboración en el caso, y cuatro para el financista Federico Elaskar.
Para el fiscal, el empresario, sus cuatro hijos, Fariña y Elaskar fueron hallados responsables de haber construido una “compleja ingeniería transnacional” que lavó casi 60 millones de dólares. Mencionó cuentas en el exterior y maniobras a través de las que se sacó el dinero fuera del país.
El empresario ya acumulaba tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.
En el caso de los tres hijos de Báez que están libres, Melina, Luciana, y Leandro, el fiscal les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años; 4 años y 6 meses, y 5 años, respectivamente.
“Cuanto mayor fue la exposición pública de la causa, mayor fue su participación. Pasaron de ser beneficiarios de las cuentas a accionistas de las empresas”, explicó Córdoba.
El fiscal pidió, además, que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 8 años de cárcel.
El jueves pasado, Córdoba había considerado que el dueño de Austral Construcciones encabezó una “organización que se dedicó a mover dinero oculto” e hizo un extenso repaso de las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a las empresas de Báez en la provincia de Santa Cruz, lo que consideró el primer delito precedente.
En este sentido afirmó que “la fortuna (de Báez) se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva”. Y continuó: “Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal”.
En este contexto, Córdoba reclamó que el tribunal ordene el decomiso de 45 inmuebles y dos autos a nombre de Báez; un avión a nombre de Top Air; 120 vehículos a nombre de Austral Construcciones; y las acciones de la mayoría de las sociedades involucradas, entre otros bienes.
