Sain presentó un amparo ante el avance legislativo sobre su cargo judicial
El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó una acción de amparo para que se declare inconstitucional la “aplicación retroactiva” de una ley que le impida continuar en su cargo concursado del Organismo de Investigaciones (OI) y con el fin de que la Legislatura se “abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria” en su contra, informaron hoy fuentes judiciales.
El planteo contra la provincia de Santa Fe fue presentado en un juzgado de primera instancia en lo laboral, añadieron las fuentes.
Con la medida solicitada, Sain busca que la Justicia declare inconstitucional la ley 14.016, aprobada cuando era ministro de Seguridad, que modificó el régimen disciplinario de fiscales del Ministerio Público de Acusación (MPA) e incluyó en él al cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI), una suerte de policía judicial que depende del MPA.
Esa norma votada sobre tablas el mismo día por las cámaras de Diputados y Senadores a fines de 2020, conocida como “ley anti-Sain”, establece como incompatibilidad para ejercer el cargo de director de la OI haber sido miembro del Poder Ejecutivo en los años anteriores.
Sain obtuvo ese puesto por concurso en 2018 y en diciembre de 2019 pidió licencia para ocupar la cartera de Seguridad, en la que lo designó el gobernador santafesino Omar Perotti.
Tras renunciar al Ministerio en marzo de 2021, Sain solicitó concluir la licencia en el OI y regresó a su puesto concursado.
Ese mismo mes el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, hizo una presentación para que el MPA impida su retorno al OI, del mismo modo que 27 diputados provinciales opositores lo denunciaron por presuntas irregularidades en una licitación, hacinamiento en comisarías y “conducta injuriante y disciminatoria” por la difusión de audios privados de Whatsapp del ministro.
También se promovió un juicio político en la Cámara de Diputados, pero como el ministro ya había renunciado devino abstracto.
El planteo del fiscal Arietti fue rechazado por la Auditoría General de Gestión (AGG) del MPA, por considerar que era incompetente para juzgar a Sain como empleado de ese organismo por acciones que desempeñó como ministro, en otro poder del Estado.
La resolución fue apelada en un procedimiento cuestionado –ya que esta instancia no está prevista en las normas- y el fiscal General, Jorge Baclini, resolvió “reconducir” el planteo y designó un auditor ad hoc para que revise el caso.
Ese auditor, el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, consideró que existen elementos para investigar presuntas faltas graves de Sain.
Esta semana, la comisión de Acuerdos de la Legislatura, dominada por la oposición, decidió avocarse al caso y propuso suspender al funcionario en el cargo por 180 días con una reducción del 50% de su salario.
La acción de amparo presentada por Sain apunta a tres cuestiones: la aplicación retroactiva de la ley de incompatibilidades -sancionada cuando era ministro y luego de haber obtenido el cargo del OI por concurso-, la supuesta injerencia indebida de la Legislatura en el régimen del MPA, y el juzgamiento como funcionario del OI por conductas y dichos que refieren a su desempeño como ministro, en otro poder del Estado.
