Santa Fe la única provincia que habilitó el aumento de cuotas en colegios privados
Atravesados por las demoras en los pagos, expectantes de una eventual vuelta a la presencialidad y preocupados por la caída de las matrículas, los establecimientos de enseñanza particular viven momentos de incertidumbre. A la compleja ecuación, la provincia agregó un factor exclusivo: autorizó incrementos pese a que hay un acuerdo nacional que lo impide.
Marzo fue de incertidumbre por la suspensión de clases presenciales, mayo de inquietud por retrasos en los pagos de cuotas, julio de preocupación por el estado de las cuentas. Los meses de pandemia transitaron con dificultades para la educación privada. Pero septiembre tuvo una particularidad exclusiva de nuestra provincia. Contradiciendo el decreto nacional de congelar aranceles hasta noviembre, Santa Fe habilitó aumentos en las escuelas de esta gestión.
Semanas atrás, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada autorizó que los colegios privados incrementen valores con un tope del 8%. Los fundamentos abarcaron por la suma extraordinaria entregada a docentes y los reclamos de empleadores del sector. A la decisión del organismo dependiente del Ministerio de Educación provincial, no tardaron en llegarle los rechazos por parte del sindicato y las familias que integran los establecimientos educativos.
A la gestión privada asisten cerca de 250.000 estudiantes, que conforman casi un tercio del sistema educativo santafesino. Y cerca del 90% de estos establecimientos reciben subsidios por parte del gobierno provincial. Este mecanismo permite que las cuotas estén lejos de ser las más altas del país (oscilando entre los 1.500 y los 16.000 pesos por mes), pero también fijó un tope para acceder a las subvenciones nacionales que los representantes del sector piden ampliar.
Aunque gran parte del salario de los docentes de la gestión privada es absorbido por el Estado, los demás gastos corren por cuenta de cada establecimiento que, a causa de la pandemia, ahorran en luz, calefacción y reemplazos. Sin embargo, la solvencia se funda casi en su totalidad en el pago de las cuotas por parte de las familias.
Con una economía doméstica que fue de las más perjudicadas por la transversalidad de la crisis pandémica, la mora en los aranceles escaló en algunos colegios santafesinos a más del 60%, según estudios de FESAIEP. Si bien la cobranza se fue estabilizando en la medida que las actividades diarias recobraron cierta normalidad, la autorización del SPEP ocurrió en momentos en que la curva de contagios comenzó a crecer en el territorio santafesino, con el consecuente retroceso de fase y aumento en las restricciones que ello conlleva.
Por parte de las instituciones, las estrategias implementadas flucturaron entre facilidades de pago, planes sin intereses y hasta descuentos. Pero la realidad de la educación privada es desigual en Santa Fe, dificultando la posibilidad de mantener equilibradas las cuentas. Por caso, la realidad de las escuelas parroquiales, dependientes de las arquidiócesis, se desenvuelve sumida en una gran incertidumbre. De gran extensión en distintos pueblos de la provincia, estos establecimientos hacen equilibrios entre la consideración por los incumplimientos lógicos de sus vecinos y las exigencias sanitarias previstas para un eventual regreso a las escuelas. Por lo que un sacudón en las cuotas, aunque de menor cifra, hace tambalear el funcionamiento de las instituciones en las comunidades locales.
“Crítico” escenario a nivel nacional
En el resto del país, las educación de gestión privada también afrontan un momento “muy crítico”. Pasados más de seis meses de pandemia y sin certezas epidemiológicas que permitan pensar un regreso seguro a las clases presenciales, muchos establecimientos decidieron cerrar sus puertas. De acuerdo a un relevamiento de la agencia estatal Télam, el aumento de la morosidad y la dificultad para costear gastos corrientes son determinantes, pese a los esfuerzos nacionales y/o provinciales para contener la situación.
En Córdoba, los colegios privados afrontan morosidad de ingresos por aportes de cuotas que promedian el 45%. “Solo el 35% de las instituciones educativas privadas recibieron fondos por el ATP, por lo que de cada 100 docentes son 23 los que lo perciben” explicó Javier Basanta Chao de la Caciep.
En San Luis, el gobierno no oficializó ayudas a los colegios privados y autorizó en julio el incremento de cuotas. Sin embargo, hubo una merma en la recaudación ya que, según directivos locales, la morosidad ronda el 60%. Incluso, sin oficializarlo aún, cinco instituciones anticiparon que cerrarán sus puertas próximamente.
En Mendoza, en cambio, el Ejecutivo local otorgó aportes a las instituciones “sin demoras”, explicó Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada de la Dirección General de Escuelas (DGE). Sin embargo, la provincia sureña se encuentra discutiendo una reforma de ley educativa que dominó la agenda y los reclamos.
En Salta, la situación “es complicada”, con una morosidad que oscila entre el 45 y el 50%, según el presidente de la Coprodec, Roberto Suaina. “Realmente, la ayuda es inexistente. El Gobierno provincial paga el aporte en tiempo y forma, pero con los errores de hace diez años. Apostamos al ATP, pero lamentablemente llegó a pocos establecimientos”, agregó Suaina.
En La Pampa, donde la educación de gestión privada cubre al 17,3% del estudiantado con 37 instituciones, la provincia aporta subsidios casi totales. El ministerio de Educación pampeano es el único aporte de siete colegios secundarios que constituyen una opción única en sus localidades. Otros 18 de nivel primario también reciben subsidios totales, otros ocho cuentan con más del 90 por ciento, dos reciben entre el 85% y 87% y el restante, el 18,18%.
En Corrientes, donde no se entregan subsidios a las escuelas privadas, la directora de Enseñanza Privada provincial, Alejandra Moncada, explicó que la Cámara de Jardines de Infantes “que son los más afectados”, solicitó un subsidio en una oportunidad, “que le fue otorgado”, así como a las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), de las zonas rurales, “que son de gestión privada con un subsidio de más un millón de pesos”.
