Se creará una comisión permanente del Registro de la Propiedad, Catastro y API

Los ministros de Economía, Gonzalo Saglione, y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, suscribieron este martes en Santa Fe un convenio para crear una comisión permanente entre distintos organismos dependientes de sus ministerios.

El objetivo del convenio es simplificar y agilizar las tramitaciones administrativas que los ciudadanos deben realizar en el Registro de la Propiedad, el Servicio de Catastro y la Administración Provincial de Impuestos (API).

De esta forma, se crea una mesa única para el tratamiento y la resolución de los problemas prácticos planteados por la ciudadanía o los profesionales involucrados en la actividad. Además, se dispone que la comisión podrá convocar a los colegios profesionales y las distintas facultades para que manifiesten su opinión en las temáticas afines.

Al respecto, Saglione precisó que “el objetivo es facilitarle a la ciudadanía los trámites que tienen que hacer ante el Estado provincial”, y en este sentido, la comisión “generará un ambiente único para el tratamiento y la resolución de los problemas diarios planteados por los involucrados en la actividad, mediante la adopción de resoluciones comunes para todos los organismos que participan del convenio”.

Por su parte, Silberstein manifestó: “Los que hemos sido profesionales conocemos la problemática que genera la dilación de los trámites”.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos detalló que el convenio “tiene un enorme significado y está en consonancia con una política que está llevando adelante el gobierno provincial”, y agregó que “este hecho representa uno de los principales objetivos del gobernador Miguel Lifschitz, que es seguir dando pasos para acercar el Estado a la ciudadanía, para que todos podamos vivir en una Santa Fe mejor”.

Silberstein explicó que “no es sólo un problema de coordinación de las propias áreas del Estado, sino también de otras instituciones como los colegios profesionales, ellos son actores fundamentales en la relación entre los profesionales y la sociedad civil y son quienes pueden colaborar en la modernización de los procedimientos”.

“Estamos en el mundo de la velocidad y de la comunicación en tiempo real”, continuó el funcionario, a la vez que aseguró que por este motivo “hay que ir ajustando las tareas del gobierno a esas cuestiones; el Estado tiene que dar respuestas a una sociedad que exige, acorde a los tiempos que corren”.

Para concluir, destacó la importancia del “diálogo entre todos los poderes para tener un norte en común y coordinar las tareas de los distintos organismos”.

Del acto, que se llevó a cabo en la sala Auditorio de la Casa de Gobierno, también participaron el administrador provincial del Servicio de Catastro, Norberto Frickx; el titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), José Raffin; y el director del Registro General de la Propiedad, Matías Figueroa.

El acuerdo

Tiene entre sus objetivos potenciar el funcionamiento integrado de los distintos organismos en la búsqueda de excelencia en cuanto a niveles de información y de afianzamiento del principio de seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, y en la gestión y el cobro de todos los tributos que puedan surgir como consecuencia de ellas. Esto redundará en una adecuada protección de la libertad individual y el derecho de propiedad, mediante la adopción de resoluciones de carácter vinculante para todos los organismos nombrados.

En este sentido, Figueroa afirmó que con la creación de esta comisión “se recogen reclamos de todos los colegios profesionales”, y agregó que “el objetivo de este nuevo espacio es mejorar la eficacia de cada repartición. El Estado es uno, la provincia es una y con esa postura estamos trabajando en varios proyectos en común para poder optimizar todos los recursos humanos de todas las reparticiones”, indicó.

En la misma línea, Frickx remarcó que es el propio Estado “el que debe solucionar las distintas problemáticas que surgen cuando se cruzan los organismos favoreciendo los trámites administrativos para los contribuyentes y los profesionales” y agregó que “con el convenio firmado, el principal beneficiado no será el profesional sino que el verdadero favorecido será el ciudadano”.