Indignación y repudio
Venado Tuerto: permitirán viajar al religioso acusado de abuso
El acusado de cuatro abusos sexuales en el Colegio Sagrado Corazón. La fiscal reclama "perspectiva de género".
En una audiencia que se llevó adelante en la mañana de este jueves en los Tribunales de calle Chacabuco de Venado Tuerto, la jueza Paula Borrello autorizó a viajar a España, entre el 18 de diciembre y el 7 de febrero próximos, al “religioso” Pedro, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, a quien se acusa de cuatro casos de abuso sexual en perjuicio de niñas que cursaban 6° y 7° grado.
Ante el estupor de los familiares y la crisis nerviosa de una de las víctimas, la funcionaria judicial alegó que el imputado siempre se ajustó a derecho, cumplió con todas las medidas de comportamiento impuestas y, además, regresó al país en las anteriores ocasiones en que se había ausentado.
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Sin embargo, víctimas y familiares temen una fuga que lo ponga a resguardo del futuro juicio oral y público, y una probable condena a varios años de prisión (ayer mismo la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de cárcel).
Visiblemente disgustada con el tenor de la resolución, la fiscal Florencia Schiappa Pietra, ya en el exterior de la sede judicial, sostuvo ante los medios de prensa que esta nueva audiencia no tenía razón de ser y adelantó que evaluará una eventual apelación de la medida.
En tal sentido, Schiappa Pietra reprochó que “se está tratando esta causa como si fuera el hurto de un teléfono celular, sin perspectiva de género” y se mostró sorprendida del cambio de criterio de la jueza actuante, que aplicaba dicha perspectiva en casos semejantes cuando ejercía como fiscal, solicitando incluso la prisión preventiva, y ahora no estaría haciendo lo propio.
“La perspectiva de género significa garantizar a la víctima un juicio y una condena, y que esa condena se cumpla, eso es la tutela judicial efectiva y el acceso real a la justicia para los casos de género y es lo que deben procurar los jueces”, enfatizó.
Utilizando a la Fiscalía
Sobre la permanencia del imputado en libertad, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) admitió que no es lo común cuando se cuenta con cuatro denuncias en su haber y, además, cuestionó a Borrello de “utilizando a la Fiscalía” para justificar sus decisiones, y al respecto, historió: “Cuando la Fiscalía inició esta investigación, lo hizo con una víctima que no estaba en condiciones psíquicas de declarar y cuya propia familia pidió no avanzar con dicha declaración, aunque sí había otros testimonios y evidencias que permitieron llevar adelante esa audiencia imputativa… fue en esas condiciones en que se sacó al señor Ortiz de la escuela, no fue porque a mí me parecía que no era peligroso en ese momento. Y ahora la jueza utiliza esa situación para justificar que la Fiscalía inició la causa con el acusado en libertad”. Y agregó: “Hoy cambiaron muchísimo las circunstancias, en aquel momento había una víctima que teníamos que proteger porque no estaba en condiciones de declarar y no podíamos avanzar sin su testimonio. Pero después de esa audiencia imputativa se realizaron otras tres, es decir que son cuatro víctimas", dando a entender que el imputado debiera estar bajo prisión preventiva.
Más adelante, la fiscal recordó que “el señor Ortiz tiene 65 años y en caso de que la resolución firme sea favorable a la posición de la Fiscalía, no sabemos todavía qué tiempo le quedará para cumplir en prisión, que es lo que las víctimas reclaman”.
En igual sentido, cuestionó a la jueza una vez más: “Parece ser que está ajena a que se trata de una investigación de abuso sexual, donde las víctimas no estaban en condiciones de declarar, donde había padres de víctimas que no instaron la acción penal de inmediato, y donde es necesario realizar una serie de entrevistas con psicólogos y se analiza la subjetividad de la víctima para poder declarar, y todo eso no lleva el mismo tiempo que la investigación del hurto de un teléfono celular”, sostuvo la fiscal para dimensionar que desde el juzgado no se está aplicando la perspectiva de género.
Cabe recordar que la primera denuncia contra el religioso fue radicada en septiembre de 2021 por Débora, la mamá de una niña que sufrió el accionar del acusado cuando cursaba 6° y 7° grado en 2018 y 2019. Con el correr de los meses se fueron sumando testimonios que desembocaron en tres nuevos casos, uno de ellos caratulado “abuso sexual simple gravemente ultrajante”.
El “Hermano” Pedro actualmente reside en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde debe presentarse periódicamente en sede policial y no puede estar a cargo de alumnos en ningún establecimiento educativo.