Video: migrantes ordenan pizza en México y la reciben en Estados Unidos
Un hecho insólito se produce en la frontera entre México y Estados Unidos, cientos de migrantes que esperan tramitar asilo en los Estados Unidos piden comida a restaurantes mexicanos desde el otro lado del muro fronterizo. Mirá el video
Detrás de los inmensos barrotes del muro que separa a México y Estados Unidos, cientos de migrantes reciben comida que ordenan a restaurantes mexicanos desde territorio estadounidense, donde esperan una oportunidad para pedir asilo.
Los despachos están a cargo de repartidores en motocicleta que trabajan mediante aplicaciones móviles en Tijuana, según se observa desde la congestionada Carretera Escénica que comunica a esta ciudad con la vecina Ensenada, en el noroeste de México.
México: al menos 37 muertos en incendio de centro de migrantes
Una gasolinera es el punto de referencia para las entregas. Desde allí se ve a los migrantes como cautivos detrás de la barrera, que ya es suelo estadounidense, esperando sus pedidos.
La entrega no es sencilla. Los mensajeros deben subir por una pendiente corta pero escarpada, con rocas y maleza, hasta alcanzar la enorme reja metálica. “¿Pizza?”, “¿Pollo?!”, preguntan a gritos los migrantes.
“El pollo vale 20 dólares y la pizza vale 10 dólares”, dice del otro lado del enrejado Sneider Moreno, de 27 años y oriundo de la ciudad colombiana de Bucaramanga, quien llegó a la frontera el lunes pasado.
Un joven turco que solo se comunica en inglés entrega los billetes y recibe sus alimentos. Dice que también arribó el lunes directamente desde su país y espera alcanzar su destino pronto.
“Estamos esperando que el gobierno de Estados Unidos nos dé paso”, afirma Moreno esperanzado en el final del Título 42, norma estadounidense que expira este jueves y que desde 2020 permitió expulsar automáticamente a México a los migrantes alegando riesgos sanitarios por el covid-19.
Sin embargo, en su lugar seguirá activo el Título 8, instrumento específico sobre inmigración que prevé deportaciones y la denegación de asilo a los infractores, que quedarán vetados por cinco años y enfrentarían procesos penales.
