Crecen las extorsiones de las bandas narco a comerciantes de Rosario
Las amenazas y los consecuentes ataques a quienes no pagan son coordinados desde la cárcel
Rosario.- “Plata o plomo”. Esas palabras no hacen referencia a dos metales, sino que se transformaron en dos opciones a futuro: una es pagar a los narcos; la otra, parece irreversible, es prepararse para que el frente de un negocio o una casa sean blanco de las balas.
Las bandas narco en Rosario gestaron un negocio paralelo a la venta de drogas, según describió a LA NACION la fiscal Valeria Haurigot, enfocado en las extorsiones, que empezaron durante las últimas semanas a tener a comerciantes como blanco predilecto. Estos aprietes se coordinan, como casi todos los movimientos criminales en Rosario, desde la cárcel, en los pabellones del penal de Piñero transformados en un home office de la mafia.
Este domingo a la noche la vidriera de la concesionaria de autos Rosario Norte SRL estalló en mil pedazos por los nueve disparos que impactaron en los vidrios. Una mujer que esperaba el colectivo en Rondeau al 4100 corrió ante las detonaciones y murió de un paro cardiaco. Omar Velázquez, dueño de la concesionaria, contó que hace una semana alguien le había dejado un mensaje: debía pagar 25.000 dólares para “poder trabajar tranquilo”. Como no pagó, sufrió el atentado en su local.
“Ahora no sé si seguir abierto, cerrar o mudarme a otro lugar”, afirmó el empresario, que la semana pasada hizo la denuncia en la Fiscalía de Rosario tras las amenazas. Como medida preventiva, la Justicia dispuso una mayor vigilancia de la policía. Por el resultado, las medidas no resultaron.
El miércoles de la semana pasada fue baleada una concesionaria de la zona oeste de Rosario. El blindex de Valentino Motos quedó destrozado por los balazos. Detrás de cada ataque hay una extorsión o deudas que se deben arreglar con la mafia. El miedo genera dudas. En muchos casos no se hacen las denuncias. Por ese motivo, según señalan en la justicia, es difícil de dimensionar con estadísticas la cantidad de extorsiones que se producen por día.
El domingo anterior, un hombre encapuchado se paró frente al negocio de Valeria en el barrio Industrial y disparó 15 balazos, que rompieron todos los vidrios. “No tenemos plata porque todo lo que recaudamos lo invertimos en mercadería. No sé qué hacer”, cuenta la mujer a LA NACION.
En mayo pasado, varios empresarios gastronómicos recibieron mensajes por WhatsApp con claras amenazas. Los textos extorsivos eran enviados a los contactos de los locales que se ofrecían para el servicio take away, en medio de la cuarentena. Decían: “Tenés que poner una moneda así trabajás tranquilo”, “10 palos por mes o ponés 100 y no te jodemos más” o “tenés que pasar la moneda, si no te cagamos a balazos el local”.
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Alejandro Pastore, secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, señaló en diálogo con LA NACION que “estos episodios generaron mucha preocupación, pero después de que esta situación fue alertada las amenazas no se repitieron”.
“Vemos que la mayoría de este tipo de extorsiones se generan desde la cárcel a través de los celulares. La falta de controles en las prisiones provoca que miembros de organizaciones criminales, con altas condenas, recauden dinero de esta manera”, explicó la fiscal Haurigot, que integra la unidad especial que se dedica a investigar las llamadas “balaceras”.
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El martes de la semana pasada, otra casa en 27 de Febrero al 100 bis, en la zona sudoeste de esta ciudad, fue tiroteada. Los atacantes dejaron un cartel decía: “Andate o sos boleta”.
En esas propiedades que los extorsionados abandonan, las bandas las usurpan y montan kioscos de droga.
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En el origen, los Monos
Esta modalidad nació a fines de mayo de 2018, cuando la banda de Los Monos comenzó a disparar contra los domicilios de jueces y funcionarios judiciales, en venganza porque al líder de la banda lo habían trasladado de la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Federal Nº7 de Resistencia, Chaco.
En esa prisión “Guille” Cantero perdía por un tiempo los contactos con los miembros de su banda y, por lo tanto, mucho dinero. Ahora está alojado en el penal de Marcos Paz, donde por lo que se detectó en una causa de sicariato sigue dando órdenes.
En el lapso de un año y medio se repitieron unos 20 ataques, que tuvieron como blanco también edificios estatales, como el Centro de Justicia Penal, la sede de la Fiscalía de Rosario y el Concejo Municipal. En cada episodio aparecía un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”.
Ese sello empezaron a usarlo otros grupos criminales, que pretendían mostrar con los escritos que eran tan poderosos como Los Monos, que lograron construir a base de sangre y muerte un sello de la mafia narco.
El 22 de mayo pasado, un gendarme que presta servicios en Rosario fue blanco de este tipo de extorsiones. Buscaban que este efectivo dejara su casa a los narcos. Ese día el pasillo de su casa en Garay al 1200 fue atacado a balazos. Al día siguiente una vecina le entregó una nota que habían dejado los atacantes. “Dejen la casa en 24 horas o si no mucho plomo. Atte la mafia”, decía el mensaje que dejaron en la puerta junto a una bala calibre .45, en el que figuraba un número de teléfono al que el gendarme se debía comunicar para negociar la entrega del dinero al narco.
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Ese número pertenece a un celular que tenía hasta la semana pasada en la cárcel de Piñero -de forma irregular- Luciano Bogado, que está condenado a 18 años de prisión por un homicidio.
Según la investigación del fiscal Federico Rébola, Bogado se dedica a coordinar desde el interior de la cárcel de Piñero balaceras, usurpaciones de casas y hasta homicidios con la ayuda externa de otros cómplices. Él sería uno de los extorsionadores que deja los carteles amenazantes. En las escuchas de la causa el propio preso señala: “‘Plata o plomo’ soy yo, boludo”.
Esta semana se realizó un allanamiento en la cárcel tras la denuncia del gendarme extorsionado. Detectaron que Bogado tenía un plan para fugarse durante su casamiento, que se iba a concretar el miércoles de la semana pasada. Este hombre había pedido permiso a la Justicia y en la cárcel para contraer matrimonio con María del Rosario Castello.
El plan era escapar tras la boda. Eso le trajo problemas con su futura esposa, que se negaba a esa maniobra, que finalmente no se concretó porque se aceleraron los allanamientos en el pabellón Nº6 de la cárcel de Piñero.
Este nuevo escenario criminal, con las extorsiones y balaceras como salida económica de los narcos, afectados por la pandemia, provocó un incremento de los heridos de bala. Porque los disparos, que se hacen casi siempre desde una moto, provocan, muchas veces, heridas en personas ajenas a estas intimidaciones. Según el Observatorio de Seguridad Pública, en Rosario en el primer semestre del año se produjeron 418 heridos de bala, que terminaron hospitalizados.
La cifra de los homicidios también va en aumento. Hasta el 25 de julio, según la misma fuente oficial, se habían cometido 125 asesinatos en Rosario, el 71% de ellos, ligados a tramas narcocriminales.
En el gobierno de Santa Fe están preocupados por la situación de las extorsiones y la espiral de violencia que genera esta modalidad que iniciaron las bandas narco. “Es un problema muy serio. Vamos a reforzar la prevención y la inteligencia criminal, porque la mayoría de estos hechos se producen desde la cárcel”, señaló a LA NACION el ministro de Seguridad, Jorge Lagna.
La cartera de Seguridad empezó a instrumentar un nuevo tipo de unidad operacional que agrupa elementos de los Comandos Radioeléctricos en zonas adyacentes a Rosario. El objetivo, según delineó Lagna, es unificar el mando operativo y “optimizar” los recursos humanos y materiales disponibles en cada zona para lograr una “reacción más rápida y efectiva” frente a delitos predatorios y violentos.
Lagna contó que en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó en Paraná durante el lunes y martes, analizó con la ministra Sabina Frederic renovar el acuerdo con las fuerzas federales en Santa Fe, donde 300 efectivos realizan tareas en la ciudad, además de los gendarmes que están asentados en el Móvil II.
Pero ni los cambios a nivel policial ni los operativos de fuerzas nacionales lograron, por ahora, cambiar la tendencia de expansión de la violencia derivada del narcotráfico que comenzó en 2013.
