Estuvo dos años y medio preso por un crimen que no cometió

Santiago Almirón todavía no entiende por qué le pasó lo que le pasó en los últimos años de su corta vida. En agosto de 2018, cuando tenía 22 años, fue detenido, acusado del homicidio de un hombre durante un robo en Morón.

Poco le importó a la Justicia que Santiago tuviera pruebas de que había estado trabajando en Hurlingham cuando ocurrió el hecho y que en cuatro ruedas de reconocimiento los testigos dijeran no solo que él no había sido, sino que ni siquiera se parecía al asesino.

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Después de dos años y seis meses durmiendo todas las noches en una celda, en febrero pasado comenzó el juicio en el que pudo haber sido condenarlo a prisión perpetua, pero que terminó con su absolución, ya que la fiscal desistió de acusarlo.

“Fue muy feo todo lo que pasé. Perdí muchas cosas en todo este tiempo. Creo que me merezco algún tipo de compensación”, se lamenta.

El 5 de agosto de 2018, con la excusa del cumpleaños de la sobrina de Santiago, había fiesta en la casa de los Almirón, en Villa Tesei. Pero cerca de la medianoche la alegría se interrumpió: “Entró la policía a allanarnos. Decían que habían matado a un viejo y que alguien había dicho el nombre de Santiago. Justo él no estaba, pero se llevaron los celulares de toda la familia y el arma reglamentaria de la hermana de Santiago, que era agente de la Policía de la Ciudad, pero estaba de licencia por embarazo”, recuerda Romina Lovillo, tía de Santiago y quien, junto a la madre del joven, sostuvo el reclamo de justicia.

Una vez enterado de que la policía lo estaba buscando, Santiago decidió junto a su familia presentarse en la comisaría 1ª de Morón. La tía llamó al jefe de Calle, Matías Barca, que le había dejado su número durante el allanamiento, y el oficial los pasó a buscar.

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Allí ocurrió la primera de muchas irregularidades en el caso. El policía subió a Santiago en su auto particular y lo ubicó en el asiento del acompañante, sin esposas, a pesar de que se suponía que el joven era un sospechoso de homicidio.

Incluso, unos días antes de la detención, el propio Barca se le había acercado a Santiago mientras cortaba el pasto para la cooperativa en la que trabajaba, le había pedido el DNI y le había sacado una foto.

“Este policía nos dijo que nos quedáramos tranquilos porque los testigos habían descripto a alguien que no se parecía a Santiago, pero nos aclaró que igual tenía que pasar la noche en la comisaría porque al otro día tenía que declarar en fiscalía. ‘Firma y se va’, nos prometió. Pero desde ese día no salió más y estuvo casi tres años detenido”, se queja la tía.

A la familia se le informó que el peritaje balístico había concluido que la vaina y el proyectil encontrados en la escena del crimen habían salido del arma secuestrada en la casa de los Almirón. Santiago quedó imputado del homicidio en ocasión de robo ocurrido la tarde del 27 de julio de 2018 en un local de comidas de Morón. Nadie le creyó cuando dijo que él no tenía nada que ver y que a la hora del crimen estaba trabajando en Hurlingham.

“Me acuerdo –dice Romina– de que mi primera reacción fue escribir en el buscador de Google ‘causas armadas’, porque no sabía qué era lo que teníamos que hacer. Lo único que entendía era que a mi sobrino lo habían metido preso por un crimen que no había cometido”.

Santiago fue vinculado al crimen por el policía Barca. Según la versión del oficial, luego del hecho un testigo que “prefirió mantener su identidad en reserva”, señaló al joven como el autor del robo, y por eso él tuvo que realizar “tareas de encubierto” para conocer la dirección del sospechoso.

Al fiscal de Morón Mario Alberto Ferrario la declaración del policía le bastó para ignorar otras líneas de investigación. Por ejemplo, la que propuso la dueña del local asaltado, quien había declarado que el marido de una exempleada a la que había despedido la amenazó en reiteradas oportunidades. La mujer también dijo que el ladrón la había llamado por el apodo que muy pocas personas conocían, delatando una sugestiva familiaridad. Pero el fiscal, una vez más, no mostró interés.

“Al principio teníamos un abogado que nos aconsejaba llegar al juicio y no quería presentar nuestros pedidos. Lo tuvimos que convencer de pedir la morigeración de prisión para que Santiago esperara la realización del juicio en su casa. Pero como la expectativa de pena era muy alta nos la rechazaron con el argumento de que había peligro de fuga. Si hubieran investigado un poco se hubieran dado cuenta de que somos una familia de trabajadores que no tiene recursos para esconder o sacar a alguien del país”, destaca Romina.

La incorporación de Alejandro Bois, un abogado experimentado en “causas armadas”, fue clave para visibilizar las irregularidades de la instrucción. Lo primero que hizo Bois fue encargar un nuevo peritaje sobre el arma. En el informe del técnico superior en balística forense Omar Esteban Brítez se detallan errores graves en la labor de los peritos policiales, pero lo que más sorprendió fue que ni siquiera el nombre asignado al arma de fuego peritada correspondía a la incautada: en el informe oficial se habla de una pistola Browning calibre 9 mm cuando en realidad se trataba de una Pietro Beretta del mismo calibre.

El 11 de febrero pasado, durante la segunda audiencia del juicio, y luego de que la fiscal Carolina Rodríguez reconociera que no había pruebas y desistiera de la acusación, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón absolvió a Santiago y ordenó su libertad inmediata.

“Todavía me despierto de noche sobresaltado –dice ahora, de vuelta en su casa junto a su madre y sus cinco hermanos–, pero, por suerte, en la cooperativa me mantuvieron el trabajo, y así puedo juntar la plata para pagar las cuotas que faltan del abogado. Le dije a mi familia que lo quería pagar yo porque ellos ya hicieron mucho mientras estuve detenido. Siempre me creyeron y nunca dejaron de luchar por mí”.

Un caso típico de “causa armada”

El 30 de diciembre de 2018, durante el acto por un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón, Romina Lovillo, la tía de Santiago, se acercó a los oradores de la Coordinadora contra la Impunidad Policial para pedirles que la ayudaran con el caso de su sobrino.

Así conoció a Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez, otro joven que estuvo preso injustamente más de tres años por el crimen de un policía. “Ella me pasó el contacto del abogado Alejandro Bois, que ya defendió a varios pibes con ‘causas armadas’. Eso es fundamental porque si no te cree tu abogado, que es el que te va a defender, estás perdido”, reflexiona Romina.

Durante el alegato de la defensa en el juicio contra Santiago, Bois consideró: “No tendríamos que haber llegado a esta instancia y no lo hubiésemos hecho si se aceptaba el pedido de nulidad de la elevación a juicio que sostuvimos en su momento. Fueron casi tres años, nos hubiésemos ahorrado muchos recursos judiciales, pero fundamentalmente le hubiésemos ahorrado gastos y dolor a la familia y a Santiago. Se podría haber evitado si el fiscal de instrucción hubiese actuado con criterio”.

Desde el Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que realizó la veeduría del juicio realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Morón, se expresó: “Nos encontramos frente un caso que reúne todos los componentes de una ‘causa armada’: una persona inocente, detenida sin razón, sin pruebas que sostuvieran ni la imputación y mucho menos la elevación a juicio. Una Justicia selectiva y apurada para resolver un caso sin ningún tipo de sustento probatorio ni criterio jurídico. El comportamiento del fiscal de primera instancia debe revisarse, pero este caso expone una matriz que lo trasciende. Es cada vez más necesario que el rol del Ministerio Público Fiscal sea auditado; eso forma parte, incluso, de un fuerte reclamo social”.

Romina concluye que “las cárceles son terribles para jóvenes como Santiago y tantos otros que son injustamente víctimas de causas armadas por la policía. Después de estar en esos lugares quedan muy mal por culpa de una Justicia que no es justa y que se ensaña con los pobres”.

La pesadilla de Santiago Almirón duró dos años y medio. Él, hoy, puede contar su historia en libertad. Muchos otros, no.