Investigan si hubo violencia institucional en el Samco de Villa Constitución
Tratan de determina si un joven internado por la fuerza murió por maltrato arcaico tras ser amarrado y sedado.
La forense Virginia Creimer observó restricciones físicas y farmacológicas compatibles con la figura de tortura. Le sorprendió la sobremedicación y la falta de tratamiento de una infección generalizada. Previo al deceso, la Apdh denunció “prácticas tormentosas” porque pasó días atado de pies y manos
¿Cuánto dura una hora de tortura? La respuesta es tan subjetiva como el sufrimiento mismo de quien la padece, si es que vive para contarlo. Ángel Colazo no vivió. Tenía 16 años y murió tres semanas después de una internación compulsiva en el hospital de Villa Constitución a la que se resistió en vano. Lo sedaron y ataron de pies y manos durante cinco días corridos, lapso en el que pidió varias veces que lo dejen ir. Su rápido deterioro motivó una denuncia penal de organismos de derechos humanos ante la Fiscalía para alertar sobre “prácticas tormentosas” que ponían en riesgo su vida. Un paro cardíaco lo dejó en coma profundo. Siguió una muerte cerebral y dos días después dejó de respirar. Y de sufrir. Esas tres semanas de agonía duraron toda una vida.
“Estaba bajo la intervención del área de salud mental. Es una víctima del poder psiquiátrico”, dijo uno de los abogados que acompañó a la mamá del adolescente fallecido durante los momentos más críticos, al enterarse que su hijo tenía un cuadro irreversible de muerte cerebral y aún así se negaban a desconectarlo. La mujer debió solicitarlo por escrito y durante cinco horas se negaron a recibirle el pedido.
La causa de muerte es investigada por la fiscal Analía Saravalli de la Unidad de Villa Constitución, quien ordenó el secuestro de la historia clínica y aceptó que la autopsia se realice bajo el protocolo de Minessota, que se aplica en casos de muerte en custodia estatal.
La medida se realizó este miércoles en el Instituto Médico Legal de Rosario y contó con la presencia de la médica forense Virginia Creimer, en representación de la familia de Ángel. En diálogo con El Ciudadano, la especialista brindó sus primeras impresiones y no dudó en mencionar la figura de “tortura”.
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En ese sentido dijo que durante la autopsia observó lesiones de sujeción física en los miembros superiores del adolescente, además de la sujeción farmacológica que quedó plasmada en la historia clínica por una “llamativa sobremedicación” que deberá cotejarse con las muestras de sangre peritadas.
“Lo que encontramos son restricciones tanto físicas como farmacológicas, lo que nos está marcando dos mecanismos de tortura que no sólo están prohibidos por la ley de Salud Mental sino por normativas internacionales como las Reglas Mandela, sobre tratamiento de personas en custodia del Estado”, dijo la especialista que se desempeña como Directora Académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses.
Agregó que el adolescente tenía una infección generalizada, tanto a nivel pulmonar como renal “que no fue diagnosticada ni tratada dentro del hospital”. Si bien aclaró que restan análisis más profundos, Creimer no descartó una posible responsabilidad médica en la muerte del menor. “No sólo porque no agotaron los medios de diagnóstico y tratamiento de la salud de Ángel sino que por el contrario se utilizaron drogas, de tipo psiquiátrico, que generaron lo que se denomina un síndrome neuroléptico maligno que no fue tratado en tiempo y forma”.
Por último, la forense dijo que la historia clínica del joven “carece de diagnóstico de inicio”, y luego, frente a su reacción de querer irse del lugar y conseguir el alta médica, “lo único que se hizo fue insistir en la contención física y farmacológica” del adolescente violando las leyes de Mandela.
Denuncia por torturas
Según la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la internación de Ángel Colazo tuvo lugar el 30 de diciembre pasado, cuando la Policía lo llevó al S.A.M.Co. de Villa Constitución, donde permaneció internado en contra de su voluntad hasta el 23 de enero último que falleció.
Días antes de su muerte, el 20 de enero, ese organismo presentó una denuncia en Fiscalía donde menciona que el adolescente se encontraba en peligro de muerte por prácticas irregulares que se podían tipificar en el delito de tortura. El texto lleva la firma de la vicepresidenta a nivel nacional de la APDH, Norma Ríos, y la presidenta Regional de Rosario, Veronica Gauseño.
Según detalla la denuncia, el menor fue llevado por la Policía local al hospital y recibido por el psiquiatra Leonardo Steiner, quien ejecutó su internación. Como provocó su alteración, el adolescente fue atado a una cama de pies y manos y se le suministraron sedantes.
Al día siguiente, el joven se despertó alterado por las condiciones de internación y la psiquiatra Marina Bencivenga avaló la continuidad de las medidas de sujeción tomadas por Steiner.
El 1° de enero el joven comenzó con fiebre, seguía sujetado y le comentó a su mamá y a personal de la Dirección Provincial de Niñez que le dolían las piernas porque las vendas le ajustaban mucho. Pero continuó amarrado. Un día después le colocaron suero y sonda para orinar, pese a que seguía expresando que le dolía el cuerpo, la fiebre no le bajaba y se le habían hinchado las manos.
Recién al quinto día de internación, el lunes 4 de enero, lo desataron. Cinco días después, el sábado 9, el joven tuvo otro episodio de crisis que derivó en la intervención de efectivos policiales, y por motivos que no están claros fue trasladado a terapia intensiva sedado e intubado, aún con fiebre. Seis días después, el viernes 15 de enero, sufrió un paro cardíaco que lo dejó en un coma profundo.
En ese marco, la denuncia de la APDH presentado tres días antes del deceso, menciona “irresponsabilidad profesional”, “impericia”, “imprudencia”, y la configuración del delito de torturas” por parte de quienes estaban a cargo de su cuidado. En sentido hace “responsables de la vida del adolescente” a los psiquiatras que lo trataron, además de los directivos del hospital y “a toda la cadena estatal” que avaló la práctica tormentosa a la que fue sometido el menor.
Políticas nefastas en contención
“Lo que ocurrió con Ángel es claramente el desenlace fatal de políticas nefastas del Estado en la contención de jóvenes y adolescentes. Fue sometido a prácticas tormentosas y quienes ordenaron o avalaron esas prácticas tienen nombres y apellidos”, dijo Federico Pagliero, abogado de la APDH.
El abogado mencionó que la mamá de Ángel también sufrió violencia institucional, y vivió momentos desbastadores porque le habían anunciado la muerte irreversible de su hijo pero se negaban a desconectarlo, lo que sembró dudas sobre un intento de encubrimiento por parte de los médicos.
“El jueves 21 de enero declaran la muerte cerebral. El cuadro era irreversible y por decisión de la familia debían desconectarlo pero se negaban. Nos parecía raro, en el hospital le decían a la mamá que estaban esperando una orden de la fiscal porque tenía que realizar la autopsia. Pero llamamos a la fiscal y nos dijo otra cosa, ya que no podía ordenar la autopsia hasta que no dejara de respirar”, contó el abogado.
Por eso la mamá presentó una nota escrita solicitando a las autoridades del hospital que desconecten a su hijo, quien llevaba ya dos días con muerte cerebral. “Fue una situación muy estresante, porque estaba desbastada y nadie le explicaba por qué no le recibían la nota. La hicieron esperar cinco horas bajo el sol, fue un acto vergonzoso de violencia institucional, hasta que después de varios llamados logramos que la reciban. Una hora después nos notificaron que Ángel había muerto”, recordó Pagliero.
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