Ocho años y 12 kilos: la niña símbolo de los indígenas de la Amazonia
La pequeña sufría malaria, neumonía, lombrices y desnutrición. La foto, que su propia comunidad cree necesario que se conozca, evidencia el terrible abandono de los indígenas de la Amazonia brasilera.
Una hamaca oscura envuelve el pequeño cuerpo de una niña yanomami (etnia indígena de la Amazonia) tan delgada que su piel se amolda a sus costillas. La fotografía de esta menor de ocho años que solo pesa 12,5 kilos (el peso mínimo normal para su edad es de 20 kilos), tomada en la aldea de Maimasi, en el Estado de Roraima, en la región norte de Brasil, pone al descubierto un problema crónico de mala atención sanitaria al que se enfrentan los indígenas en el corazón de la Amazonia.
La niña padecía malaria, neumonía, lombrices y desnutrición en una región donde no hay visitas regulares de los equipos sanitarios y que está a 11 horas a pie del centro de salud más cercano. Su imagen fue captada el 23 de abril, días antes de ser trasladada por avión a un hospital de la capital, Boa Vista, donde se ha recuperado de la malaria, pero sigue siendo tratada de otras enfermedades. Su imagen se ha convertido en un símbolo del abandono histórico de Brasil hacia el pueblo yanomami, que lucha por sobrevivir en medio de varias crisis: la escalada de violencia de los mineros ilegales, los impactos ambientales que llevan el hambre a algunas regiones y la fragilidad en el acceso a la atención sanitaria.
El líder indígena Darío Kopenawa, quien autorizó la publicación de la fotografía en este reportajey, explicó que “en la cultura yanomami no podemos mostrar la imagen de un niño, frágil, enfermo. Pero es muy importante [hacerlo] por la crisis que estamos atravesando”. Para esta etnia, la imagen de la persona es una parte importante de su vida y difundirla en una situación de enfermedad puede debilitarla aún más. Incluso cuando mueres, debes quemar todos los recuerdos de los difuntos para preservar su espíritu en el mundo de los muertos, pero la comunidad decidió publicar la fotografía mientras la niña intenta recuperarse para denunciar ante los napëpë ―como llaman a los no indígenas ― su sufrimiento ante la grave crisis sanitaria que les amenaza.
“Esta foto es una respuesta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas”, resume Kopenawa. A medida que la malaria y la covid-19 avanzan en las aldeas, los dirigentes informan de que los equipos sanitarios se han reducido con profesionales de baja por la pandemia y otras enfermedades. Además, los centros de salud se han cerrado temporalmente y faltan helicópteros para transportar a los pacientes en las zonas de difícil acceso. “Llevamos mucho tiempo sufriendo, sin una buena estructura, sin todos los profesionales completos que nos den asistencia. Con la pandemia, la situación empeoró”, afirma Konepawa.
El problema afecta especialmente a las comunidades más aisladas, que dependen de las visitas esporádicas de los equipos. Júnior Yanomami, miembro del Consejo Distrital de Salud Indígena (Condisi), órgano responsable del control social de las acciones del Gobierno, añade: “Hay lugares que siguen sin recibir la vacuna contra la covid-19 porque no tienen profesionales. Son comunidades que están lejos de los centros, no hay forma de llegar a ellas”. En Brasil, los grupos indígenas se encuentran en la cola de vacunación.
Malaria y desnutrición
“La salud de los yanomami está abandonada. Falta de todo”, continúa explicando el líder indígena. Según él, la aldea de Maimasi, que vive un brote de malaria y donde varios niños sufren desnutrición y verminosis, no había recibido la visita de los equipos sanitarios desde hacía seis meses, cuando los profesionales atendieron a la niña de la fotografía (difundida por un misionero católico y publicada por la Folha de São Paulo), a finales de abril. El equipo no tenía suficientes medicamentos para todos los que los necesitaban, cuenta el indígena.
La Secretaría de Salud Indígena (Sesai), responsable de la atención a los pueblos originarios, da una versión diferente: dice que la atención se produjo el 19 de marzo, “pero la familia no autorizó el traslado a un centro sanitario”. También garantiza disponer de reservas suficientes de medicamentos y de profesionales sanitarios contratados, pero no aclara la frecuencia de las visitas a la aldea. La Sesai tampoco informó a EL PAÍS de la incidencia de la malaria, la desnutrición y la mortalidad infantil para dar la dimensión del crecimiento de las enfermedades en la región.
Estos problemas de salud no están extendidos por todo el territorio yanomami ―tan grande como la superficie de un país como Portugal―, pero están presentes en varias comunidades. Un estudio realizado por investigadores de Fiocruz en dos zonas del territorio, Auaris y Maturaká, y divulgado el año pasado da pistas sobre la magnitud del problema: el 80% de los niños de hasta cinco años sufría desnutrición crónica y el 50%, desnutrición aguda en estas localidades.
La situación está relacionada con la escasez de agua potable y la falta de control nutricional y de atención prenatal durante el embarazo. También se debe a los frecuentes casos de verminosis, malaria y diarrea en las comunidades. “Desde 2019 informo de las necesidades y pedimos ayuda al Gobierno”, explica Júnior Yanomami. “Ahora está peor. La desnutrición ha aumentado mucho. Donde hay minería ilegal, existe el problema del hambre. Y en la pandemia las invasiones aumentaron. ¿Cómo explicar el hambre de los yanomami? Ellos [los mineros] ensucian los ríos, destruyen el bosque, acaban con los animales para caza. Nos alimentamos de la naturaleza”, explica el indígena.
Los habitantes de Maimasi son descendientes de uno de los grupos más afectados por la apertura de la carretera Perimetral Norte (BR-210) en los años setenta, durante la dictadura militar. En esa época, una parte importante del grupo murió ante los brotes de sarampión y otras enfermedades transmitidas por los trabajadores de la construcción. Llevan años reclamando un centro de salud, pero por ahora siguen dependiendo de las visitas esporádicas del equipo sanitario a la comunidad.
La amenaza de la minería ilegal
La situación, que ya era difícil, empeoró especialmente desde el año pasado. Las visitas han disminuido mientras que las actividades de los mineros ilegales han aumentado, incrementando la posibilidad de enfermedades contagiosas y la violencia. Y los casos de malaria, a los que se enfrentan los indígenas desde hace décadas y que la Sesai considera “endémicos”, siguen aumentando. Según Júnior Yanomami, solo este año se han identificado unos 10.000 casos, lo que corresponde a algo más de un tercio de toda la población yanomami, que es de unas 29.000 personas. “La niña de la foto expresa probablemente esta suma de tragedias”, afirma la Red Pro-Yanomami y Ye’kwana en un comunicado.
Los diversos problemas sanitarios, medioambientales y sociales a los que se enfrentan las comunidades no están disociados. La deforestación en la Amazonia en abril pasado fue la más alta de los últimos seis años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La deforestación ha crecido año tras año, y el desequilibrio medioambiental interfiere en la dieta de los pueblos del bosque, que se alimentan de lo que cosechan, pescan y cazan.
En varias zonas, la presencia de mineros y madereros ilegales también provoca la contaminación de los ríos con mercurio, lo que contribuye a la desnutrición, la deshidratación y la diarrea. Ante la disminución de los recursos en la selva y el hambre que se avecina, algunos indígenas acaban trabajando con los no indígenas y adhiriéndose a una dieta industrializada y menos nutritiva. “No se puede generalizar que los niños mueran de desnutrición, de hambre”, dice Kopenawa. “Existe este problema cuando hay presencia de mineros ilegales. Donde no los hay, los niños están sanos, comen bien y se ocupan de sus actividades. Lo que falta es la atención sanitaria”, argumenta. “La vida del pueblo yanomami está en peligro. Nuestro territorio es vulnerable con tantos problemas al mismo tiempo”.
A la crisis sanitaria y medioambiental se suma la escalada de violencia en algunas regiones. Es el caso de la comunidad indígena Palimiu, en Roraima. Desde hace una semana, el pueblo se enfrenta a los ataques de los mineros ilegales, con disparos, bombas y gases lacrimógenos contra los indígenas. El martes pasado, los mineros ilegales intercambiaron disparos con la Policía Federal durante una visita para investigar las denuncias de ataques al pueblo. Júnior Yanomami, que estaba en la comunidad en ese momento, aseguró que el hecho fue insólito. “Nunca había visto tantos disparos. Solo en las películas. Eran muchos [los mineros ilegales] y tenían armas pesadas”, dijo.
El año pasado, los indígenas crearon una barrera sanitaria para impedir el paso de los mineros ilegales e intentar frenar la propagación del coronavirus. Pero el río Uraricoera, donde se encuentra la barrera, es una de las principales vías de la actividad. El 24 de abril, los yanomami impidieron el paso a un grupo. Intentaron negociar para que no volvieran. La respuesta, según Júnior Yanomami, llegó media hora después, con disparos en dirección a la comunidad. Los indígenas se defendieron con flechas y disparos de fusil.
Los diversos conflictos de la última semana, según los indígenas, han dejado tres mineros y un yanomami heridos. Dos niños se ahogaron al huir de los disparos, según los dirigentes. El último ataque que reportan fue el domingo. “Es algo muy serio. Todo el mundo allí tiene mucho miedo. Yo también me quedé”, explica Júnior Yanomami. “Hay yanomamis en peligro. Me temo que va a haber una masacre en cualquier momento. El Gobierno Federal tiene que moverse”, clama.
Las entidades indígenas ven la posición del presidente Jair Bolsonaro, que ya ha hecho declaraciones contra la demarcación de las tierras indígenas yanomami y suele defender la regularización de la minería en los territorios, como un estímulo a los conflictos. El miércoles pasado, el ejército llegó a desplegar soldados en la comunidad, pero los retiró horas después. La 1ª Brigada de Boa Vista no respondió al reportaje si volverá a enviar a los soldados y qué motivó su retirada.
Mientras tanto, los indígenas siguen en estado de alerta y miedo, dicen los dirigentes. Hasta que la situación cambie, también estarán sin los servicios sanitarios, ya que la Sesai retiró a los profesionales debido a la gravedad de la situación. “La unidad de servicio será reabierta tan pronto como sea posible operar con seguridad”, dijo la secretaría, agregando que la atención de emergencia se realizará puntualmente en el distrito de salud indígena que está fuera del territorio. Por su parte, la Fundación Nacional del Indio no respondió a este diario. “El ambiente es de miedo. Mucho miedo”, asevera Júnior Yanomami. “Ahora solo están ellos. Sin Policía Federal, sin Ejército, sin Sanidad. Están solos para defender su comunidad”, concluyó.
